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En la duodécima segunda y última sesión ordinaria del año parlamentario, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2026, además de la ley impositiva del próximo año, los presupuestos de la Legislatura y la Defensoría del Pueblo, y una reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial.
El debate sobre la ley de leyes se centró en el significado político y social de lo que implica administrar recursos ante un escenario donde la Nación redujo transferencias y obligó a las provincias a rediseñar prioridades, ajustar partidas y reforzar áreas críticas como salud, educación, infraestructura y asistencia social. El proyecto del presupuesto de gastos y recursos del sector público provincial para el ejercicio fiscal 2026 se fijó en 2,66 billones de pesos junto a la autorización para tomar deuda por hasta $89 mil millones.
Mónica Zalazar (Frente de Todos), como miembro informante, resaltó que la propuesta mantiene y refuerza el plan de obra pública: “Se incorporarán nuevos proyectos destinados a optimizar los servicios básicos, ampliar la red vial y fomentar el desarrollo urbano y rural”, asegurando que estas inversiones se ejecutarán mediante “el esfuerzo conjunto del Ministerio de Infraestructura, Vialidad Provincial y el sector privado”. También señaló que el contexto económico del 2025 exigió medidas específicas para sostener la economía provincial: “Para el 2026 se profundizarán esas iniciativas con programas orientados a fortalecer las pymes, incentivar nuevas inversiones y desarrollar sectores estratégicos como el turismo y la minería, que han demostrado ser motores clave de nuestra economía”.
Además, detalló la asignación de recursos, entre los que se encuentran por ejemplo que “Hacienda y Obras Públicas tendrá el 36,5 por ciento, Educación aproximadamente el 19 por ciento y Salud el 17,5 por ciento”. El debate sobre el presupuesto estuvo atravesado por diversos posicionamientos políticos. Para el caso, Tiago Puente (Generación del Cambio) anticipó que su bloque no acompañaría la propuesta del Ejecutivo, mientras que Mamerto Acuña, del mismo espacio, pidió que los fondos de fideicomisos mineros tengan intervención legislativa: “Debemos decidir en qué se invierten esos recursos”.
Ante las observaciones, María Argerich (FT) sostuvo que la iniciativa se plantea como un “escudo protector ante la fragilidad económica general, el ajuste de Nación y la falta de previsibilidad por dos años sin tener un presupuesto nacional”. Desde la UCR, Alfredo Marchioli anticipó su apoyo y rescató que “la Provincia casi no tiene deuda, en términos porcentuales es menos del 0,5%; es momento para endeudarse, pero el tema es cómo y para qué, y consideramos que debe ser para mejorar la competitividad”. Enrique Cesarini (PRO) acompañó pese a sus diferencias: “Es necesario que la provincia cuente con un presupuesto”.
Federico Lencina (LLA) tomó de ejemplo la gestión libertaria nacional y cuestionó la gestión fiscal local. Argumentó que “Catamarca recibe más, gasta más y los resultados no son muy buenos” y anticipó el voto negativo. A su turno, Gustavo Aguirre (FT) indicó que “es llamativo que quienes critican la posibilidad de que la provincia tome deuda representan y defienden un gobierno nacional que hizo del endeudamiento la esencia de su gestión”. A la vez, diferenció posturas dentro de la oposición: “Hay un sector responsable que entiende el momento y no le quiere quitar herramientas a la provincia; y otro sector que se niega sistemáticamente a que la provincia tenga presupuesto”.
Tras votación nominal, el presupuesto obtuvo media sanción por amplia mayoría: contó con el respaldo de 30 legisladores, mientras que 7 votaron en contra y hubo 2 ausencias.
Impositiva
El proyecto de Ley Impositiva 2026 llegó al recinto con dos dictámenes para su debate. El despacho de mayoría, presentado por el Frente de Todos y aprobado con media sanción, fue explicado por María Argerich. La legisladora remarcó que el proyecto “respeta los consensos fiscales suscriptos entre la provincia y la Nación, y adecúa el valor de la unidad tributaria y valores fijos en general en un 29,6% según la inflación informada por el Ministerio de Economía”.
Sobre ingresos brutos, señaló que “se respetan los topes de las alícuotas previstas para cada rubro o actividad según el consenso fiscal” y destacó incentivos productivos: “Se ratifica la política estatal de otorgar beneficios fiscales para impulsar la actividad y promover inversiones en materia industrial, agropecuaria, turística, de energía renovable y de la economía del conocimiento”. Argerich también resaltó que “tendrán grandes beneficios quienes saquen créditos hipotecarios; se les exime del impuesto a los ingresos brutos y de los sellos cuando el destino sea vivienda única en la provincia”.
Además, remarcó incentivos para empleo privado, indicando que “en cuanto a bares y restaurantes, se incorporaron cinco nuevos tramos de mínimos en superficie y cantidad de empleados a los fines de generar mayor equidad”. Por el despacho de minoría, Alfredo Marchioli (UCR) propuso agregar un artículo para crear “un régimen especial de competitividad para toda empresa catamarqueña que provea bienes o servicios a la actividad minera”. Según dijo, se buscaba otorgar un crédito fiscal “para que pueda compensar otras actividades económicas no exentas, y eso es darle competitividad a nuestros proveedores”.
Argerich aclaró que hubo coincidencias conceptuales, pero no técnicas: “No está en término ni respeta el principio de equidad e igualdad tributaria. No va a ser factible la incorporación del artículo”.
Presupuestos Legislativos y del Defensor del Pueblo
En la última sesión ordinaria también avanzó la unificación de los presupuestos de la Cámara de Diputados, del Senado y la Defensoría del Pueblo para 2026. Zalazar informó que se proyectaron $72.172 millones para la Legislatura: “$40.848 millones en Diputados y $29.469 millones en el Senado” mientras que para la Defensoría del Pueblo se prevén $1.854 millones.
Zalazar subrayó que “el presupuesto de la Legislatura se elaboró en congruencia con las pautas estipuladas por el Poder Ejecutivo, poniendo especial énfasis en la eficiencia y la economía de las tareas administrativas”. En cuanto a la Defensoría, expresó que su “presupuesto responde a criterios de racionalidad administrativa, con austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, garantizando el normal funcionamiento, la profesionalización del personal, la presencia territorial y la continuidad de los programas de protección de derechos”.
Justicia más ágil
En la oportunidad, Diputados también dio sanción a la reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial impulsada por el Ejecutivo y que volverá al Senado por modificaciones introducidas en comisión. Como miembro informante, Natalia Ponferrada (FT) sostuvo que la reforma “busca dar una respuesta a una necesidad urgente y concreta de la sociedad, que es la mora judicial”, y que introduce “transformaciones estructurales orientadas a acortar los tiempos procesales, mejorar la calidad de las decisiones judiciales y garantizar el acceso efectivo a la justicia”.
Detalló que el nuevo código incorpora, entre otras cosas, “concentración procesal, eliminación de etapas intermedias, audiencias únicas, plazos perentorios, oralidad, inmediación judicial y expediente digital integral”, y que incluso se prevé el uso de inteligencia artificial para tareas auxiliares, con control humano obligatorio. Ponferrada remarcó que las modificaciones harán el proceso judicial “más transparente, más eficiente y centrado en las personas, especialmente en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, permitiendo “un acceso efectivo a la justicia mediante procesos más ágiles y económicos, beneficio de litigar sin gastos, procedimientos simplificados y lenguaje claro”.
Clústeres semilleros y expropiación
Por otra parte, el cuerpo también aprobó con media sanción el proyecto para la creación de clústeres semilleros en Catamarca, impulsado por Paola Fedeli y Hernán Díaz. Según Díaz, la iniciativa permitirá promover el desarrollo productivo “integrando investigación, producción, acopio, comercialización y servicios asociados”, con impacto en productores pequeños y en instituciones educativas y científicas.
De igual manera, dieron media sanción al proyecto para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos donde funciona el aeródromo de Londres (Belén). Según explicó Stella Nieva (FT), el objetivo es ampliar la pista y “contar con un desarrollo final de dos mil metros que favorecerían operaciones de aterrizaje y despegue con mejores parámetros de seguridad”, incluyendo vuelos sanitarios, oficiales, turísticos y vinculados a la minería.
