Redacción
La Universidad Nacional de Catamarca albergó las jornadas del XXVIII Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, donde el Aula Magna y la Facultad de Derecho fueron epicentro nacional del debate en materia de derechos de usuarios y consumidores.
Bajo el eje central "El derecho del consumidor frente al paradigma tecnológico", el congreso convocó a referentes, juristas y especialistas de reconocida trayectoria a nivel nacional, entre los que se destacaron Gabriel Stiglitz, Javier Arias Cáu, Sebastián Barocelli, Sandra Frustagli y Carlos Hernández, entre otros.
En ese marco, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, área dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, tuvo activa participación en la organización y conuna importante exposición del titular del área, Sergio Paredes Correa, quien ofreció una conferencia sobre el eje “El paradigma tecnológico y las relaciones de consumo: desafíos para la autoridad de aplicación”
La exposición del funcionario abordó el impacto que las nuevas tecnologías tienen en la vida cotidiana de las personas consumidoras y la necesidad de que los organismos de protección puedan desarrollar respuestas acordes a estos nuevos escenarios.
Uno de los principales temas analizados fue el fenómeno de las ciberestafas, una problemática que plantea nuevos desafíos para las autoridades de aplicación, particularmente frente a operaciones realizadas mediante canales digitales, entidades financieras y billeteras virtuales.
En este marco, Paredes Correa presentó la experiencia desarrollada desde Defensa del Consumidor de Catamarca, destacando la utilización de medidas preventivas como herramientas de protección inmediata, destinadas a evitar que determinadas situaciones de fraude digital produzcan consecuencias que puedan afectar los derechos de las personas consumidoras.
Durante la exposición se puso especial énfasis en que la protección del consumidor frente a estas nuevas modalidades no se limita exclusivamente a la defensa de sus intereses económicos, sino que también comprende la tutela de su dignidad, integridad y seguridad, frente a situaciones que pueden generar consecuencias personales y patrimoniales.
