“Celebro que, tras los intentos antiderechos de vaciar de contenido la norma, finalmente se aprobara sin admitir la objeción de conciencia, lo cual hubiera tergiversado la finalidad de la ley”. Dijo la legisladora y agregó: “Tucumán es la única provincia del país que no había adherido a la ley, su sanción es un gran avance”.  Sin embargo, lamentó que la autoridad de aplicación quedara a cargo de los titulares de la Legislatura y del Poder ejecutivo: “debería ser la Secretaría de la Mujer de la provincia; la aplicación de una ley tan importante no puede quedar librada a voluntarismos políticos”, cuestionó.

La diputada reconoció que: “costó mucho que se apruebe esta ley en la vecina provincia. Nos preguntábamos ¿quién puede estar en contra? Pues sí, hay fuertes resistencias de sectores que no quieren ver que con esta norma  se protegen o amplían derechos de mujeres y personas LGBTI.  Era inconcebible que, en la provincia del NOA con más femicidios producidos en la pandemia, no se reconociera esto”. 

“Se presenta la siguiente paradoja: quienes más se resisten a aprobar la adhesión son quienes más necesitan recibir la capacitación que marca la Ley Micaela”, reflexionó y resaltó: “Por esto creo en el camino de visibilización, de lucha constante, que iniciaron las mujeres, las feministas, las organizaciones de personas LGBTI, es una garantía para que se produzcan las transformaciones culturales y políticas necesarias”.