El Consejo Federal de Cultura en defensa de los fondos de las industrias e instituciones culturales

Catamarca estuvo representada a través de la secretaria de Gestión Cultural, Daiana Roldán, en la reunión del CFC en la que se acordaron estos lineamientos y que se concretó el lunes 18 de abril de forma virtual.

Cultura 20 de abril de 2022 Valle Calchaquí D Valle Calchaquí D
Consejo Federal de Cultura (2)

El Consejo Federal de Cultura (CFC), integrado por las máximas autoridades de Cultura de las 23 Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidido por el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, manifestó su apoyo unánime a la sanción del proyecto de ley que extiende el plazo de caducidad de las asignaciones específicas previstas para las Industrias e Instituciones Culturales, y que permitiría seguir financiando el importante aporte federal que realizan en beneficio de los trabajadores culturales de todo el país.

Catamarca estuvo representada a través de la secretaria de Gestión Cultural, Daiana Roldán, en la reunión del CFC en la que se acordaron estos lineamientos y que se concretó el lunes 18 de abril de forma virtual.

En la apertura de la reunión, Bauer recordó que en 2017 se sancionó una ley que elimina los fondos específicos para la cultura que, en lugar de ir al Tesoro Nacional, permiten financiar directamente a los institutos y sostener así las actividades en todo el territorio nacional. “Sabemos todos la importancia que estas asignaciones han tenido a través de estos años para el funcionamiento del INCAA, de las bibliotecas populares, del Instituto de Teatro, del INAMU, de la Radio y Televisión Argentina. Este sistema ha sido muy virtuoso a lo largo de décadas. Incluso estamos trabajando desde hace tiempo en nuevos proyectos para darle más potencia y abordar nuevas situaciones y oportunidades que nos brinda la digitalización de las industrias culturales”, señaló Bauer.

Concretamente, los representantes de Cultura de todo el país aunaron criterios y apoyos en torno al proyecto de ley del diputado nacional Pablo Carro -surgido del análisis, tratamiento y modificación de diversas propuestas del mismo tenor- que ya está en análisis de la Cámara de Diputados de la Nación y que permitirá la continuidad de los fondos específicos que financian el INAMU, INCAA, INT, RTA S.E., ENACOM, DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y las Bibliotecas Populares a través de CONABIP.

En 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri se dispuso el fin de ese financiamiento específicos para las industrias y los institutos culturales federales -existente por ley- para diciembre de 2022. El entramado cultural de todo el país se encuentra en estado de alerta y movilización solicitando la continuidad de este financiamiento, que es vital para que las políticas culturales lleguen a todo el territorio nacional.

Haciéndose eco de los pedidos del sector cultural de todo el país y conociendo lo que representan estas instituciones en el desarrollo cultural en territorio, las autoridades de Cultura de las provincias, integradas en el CFC, manifestaron su apoyo al proyecto de extiende la vigencia de las asignaciones específicas para financiar al sector cultural por un plazo de 50 años, de manera de permitir que esta política se consolide como política de Estado, más allá de los cambios de gobierno.

“Dejamos sentada la importancia de la extensión de su vigencia por su impacto para el desarrollo de nuestra cultura a nivel federal. Mencionamos además que dichos fondos han contado con amplios consensos políticos a lo largo de la historia generando entramados de políticas públicas sostenidas en el tiempo. El impacto de los mismos se expresa en aspectos simbólicos de diversidad de nuestra cultura y en aspectos productivos, generando puestos de trabajo y potenciando nuestro entramado productivo a lo largo y ancho de todo nuestro país”, destaca el documento consensuado por los funcionarios de Cultura de todo el país.

Las autoridades provinciales se comprometieron además a interiorizar a los legisladores nacionales representantes de cada jurisdicción a fin de que conozcan el impacto real y concreto que tiene este financiamiento que por ley recibe la cultura y puedan votar en consecuencia.

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