Del encuentro participaron María Josefina Ignacio, comisionada en representación de las organizaciones no gubernamentales; Andrea Triolo, comisionada en representación de los mecanismos locales, y Silvina Irrazabal, directora de Mecanismos Locales. También estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno; de Seguridad, Gustavo Aguirre, y el asesor de Gobierno, Fernando Ávila.

Durante el encuentro las partes dialogaron sobre la posibilidad de impulsar una Ley Provincial para crear un mecanismo local para la prevención de la tortura, y desde el Comité brindaron recomendaciones para su formulación y posterior aplicación.

Las representantes realizaron entre ayer y hoy un relevamiento de las condiciones de detención en cárceles, comisarías, y otros centros donde se encuentran personas en situación de encierro, donde observaron positivamente que la cantidad de personas privadas de la libertad en las unidades penitenciarias es adecuada a su capacidad, sin registrarse sobrepoblación.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es el organismo nacional rector del Sistema Nacional de Derechos Humanos, y fue creado por la ley 26.827 (2013) y comenzó a funcionar en diciembre de 2017, como organismo público de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situación de encierro.

Su principal finalidad es actuar como órgano rector en esta materia, articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Al mismo tiempo, diseña y recomienda acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promueve la aplicación de directivas, recomendaciones y buenas prácticas, en un marco de cooperación con las autoridades de los tres poderes del Estado a nivel Nacional y Provincial.