Junto con el hecho de que algunos proveedores no cuentan con precios de venta ni plazos de entrega determinados, CADIME verificó que los impactos mencionados se dieron sobre los reactivos de diagnóstico para laboratorios de análisis clínicos, agujas de extracción, jeringas de 5 y 10 mililitros, guantes descartables, tubos de muestras, alcohol, algodón, gradillas para tubos, placas radiográficas y tomográficas, contrastes endovenosos, papel de printer térmico para ecografías, agujas de punción para procedimientos intervencionistas bajo control imagenológico, conectores de las bombas inyección de contraste endovenoso, jeringas de composite y papel fotográfico, que muestra el incremento más importante, nada menos que del 80%.

“Esta escalada del dólar de los últimos días y su impacto en el precio de los insumos estratégicos de la salud y en los demás costos profundizan la crisis estructural y el deterioro del sector, en particular de las pymes independientes prestadoras de diagnóstico y tratamiento médico de todo el país. En un escenario de gravedad como el actual, las actividades de estas empresas están llegando a una situación límite, después de años de permanente atraso de sus aranceles”, explica Guillermo Gómez Galizia, presidente de CADIME.

La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico advirtió, además, que, si las políticas de salida de la crisis continúan tendiendo a fortalecer la concentración en el sector, se marcha aceleradamente a la formación y consolidación de oligopolios y a la destrucción de miles de empresas pymes y del capital humano que forma parte de ellas, y se perderá todavía más eficiencia y equidad en el sistema.

Esta situación se produce a pesar de la vigencia de las leyes 26.682, de obligaciones mínimas que debe cumplir la medicina prepaga, y 23.661, del Sistema Nacional de Seguro de Salud, que prevén la convocatoria a concertar los aranceles de las prestaciones médicas entre las partes y el Estado.

“Las pequeñas y medianas prestadoras se debaten en un mercado monopolizado por los actores del financiamiento, los que continúan imponiendo precios, condiciones de pago, calidad y volumen de servicios a brindar. Además, la concentración financiera y prestacional que hoy revela el sector de la salud implica comprender que el mantenimiento de aranceles depreciados es funcional al hecho concentrador”, subraya Gómez Galizia.

En este sentido, CADIME viene insistiendo ante la Superintendencia de Servicios de Salud, como autoridad de aplicación, para que ponga en funcionamiento los mecanismos de concertación previstos por las citadas leyes y, de esta manera, se pueda fijar el valor de los nuevos aranceles, considerando los costos de producción.

“Frente a la inminente apertura de la paritaria salarial sectorial, en las condiciones actuales ya no alcanza con morigerar los costos del sistema. Es necesaria una urgente recomposición arancelaria. De lo contrario, nos enfrentaremos a un callejón sin salida para las pymes prestadoras. La vinculación de la actualización de aranceles prestacionales a la variación de las cuotas de la medicina prepaga es funcional a los financiadores, pero los prestadores continúan soportando una fuerte depreciación”, completa el presidente de CADIME.

Acerca de CADIME
La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (www.cadime.com.ar) es una organización gremial empresarial conformada en 1975. Referencia y representa al sector del diagnóstico y tratamiento médico en todo el país, constituido por más de 13.000 pymes, que generan 65.000 puestos de trabajo técnicos y administrativos y 20.000 empleos para profesionales bioquímicos y médicos. CADIME es signataria del Convenio Colectivo de Trabajo 108/75; integrante de la Federación Argentina de Prestadores de Salud y del Consejo de Entidades de Salud (CONAES); socia del Instituto Técnico de Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES), del Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud (CENAS); de la Asociación de Importadores y Exportadores; de la Unión de Entidades de Servicios, y del Polo IT Buenos Aires, y estatus consultivo especial con el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.