Piden por la salud pública de Santa María

El diputado provincial Alfredo Marchioli presentó un proyecto de resolución a partir del cual se solicita al Ejecutivo Provincial que, a través de la cartera sanitaria, se adopten todas las medidas administrativas y financieras conducentes a resolver los problemas y necesidades que obstaculizan la prestación de los servicios de salud pública en el Área Programática N° 12, Departamento de Santa María, tanto en el Hospital Zonal “Dr. Luis Alberto Vargas”; Hospital de San José y los CAPS de diferentes localidades como Ovejería, San Antonio del Cajón, Toro Yaco, La Hoyada, La Quebrada, Famabalasto, Paloma Yaco, Agua Amarilla, Punta de Balasto, Famatanca, Medanitos, Lampacito, Las Mojarras, Fuerte Quemado, El Puesto, Caspinchango y Loro Huasi, entre otras.

En este marco, en el articulado, el legislador requiere restituir el servicio de visitas médica a las localidades y parajes de la zona de montañas; una ambulancia, con características aptas para transitar en caminos de alta montaña y equipada para cubrir emergencias y urgencias durante los largos recorridos; evaluar con autoridades y equipos de trabajo, las problemáticas particulares de los CAPS; cubrir cargos de personal de enfermería y agentes sanitarios, acorde al escalafón previsto en la estructura orgánica del Ministerio de salud; y regularizar la situación de trabajadores que desempeñan funciones en condiciones de precariedad laboral.

“El cuadro situacional, desnuda una realidad: el Poder Ejecutivo Provincial, no tiene una política pública de Recursos Humanos en Salud, lo que ocasiona no sólo perjuicios económicos y psicosociales en las personas que desarrollan las tareas sanitarias, sino que, más grave aún es la deserción que hace el Estado Provincial en su deber indelegable de brindar los servicios de salud en todos sus niveles” plantea el diputado remarcando asimismo la falta de medicamentos y todos los insumos necesarios para lograr las prestaciones médicas o de diagnósticos, materiales, ropa e insumos para los servicios de mantenimiento e higiene y el mejoramiento de las condiciones edilicias y de equipamiento de todos los edificios sanitarios.

Con carácter perentorio, Marchioli también solicita al Ejecutivo, elevar a la Cámara baja, un informe desagregado y circunstanciado sobre las acciones previstas en el marco de aplicación de la normativa referida al derecho a la Salud Intercultural para Pueblos Indígenas, y los motivos por los cuales, en la jurisdicción provincial, no se desarrollaron actividades inherentes a la Mesa de Emergencia Socio-sanitaria Intercultural (MESI). 

Cabe consignar que, en el año 2020 con el objetivo de diseñar, de manera articulada y participativa, las estrategias de intervención en las comunidades indígenas en el marco de la pandemia Covid-19, y reconociendo a las instituciones representativas de los pueblos originarios, a sus autoridades como representantes legítimos junto con sus saberes, representaciones, prácticas y cultura, el Ministerio de Salud de la Nación, conjuntamente con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, acuerdan crear la MESI. Según los instrumentos legales, se trata de un espacio de gestión para la prevención y abordaje de las distintas situaciones emergentes causadas por el Covid-19, como así también para las consecuencias de las medidas tomadas para su contención. 

No obstante, a pesar de la manifiesta voluntad, de integrantes de las Comunidades Indígenas, las autoridades sanitarias provinciales, no dieron respuestas a las demandas.

“El objetivo de una perspectiva de derechos humanos es que todas las políticas, estrategias y programas se formulen con el fin de mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud para todas las personas y esto se refiere a prestar los servicios de salud de una forma igualitaria, con independencia del lugar geográfico, del género, situación social, edad o cualquier otra dimensión, además de atender y promover la salud de toda la población. Este principio debe de tornarse operativo para brindar de modo inmediato la cobertura a los todos los habitantes de Santa María” enfatiza Marchioli en el proyecto legislativo presentado, preocupado por el planteo de los propios vecinos.