Así se dio a conocer en la charla técnica que llevó adelante la responsable de Policía Minera, Mónica Ruiz, y técnicos del departamento con los responsables de Higiene y Seguridad de las empresas mineras. La medida se da en el marco del cumplimiento de la Ley provincial 5509/17 que rige el “ejercicio profesional de las actividades vinculadas con la Higiene y Seguridad en el Trabajo en la provincia de Catamarca”. Dicha legislación establece que, para poder trabajar en el rubro, los profesionales deben estar matriculados en el Colegio Único de Profesionales de Higiene y Seguridad o en el Centro de Ingenieros de Catamarca. 

De este modo, para inscribirse en el registro que habilita el Ministerio de Minería, los responsables en HyS de las empresas deberán estar matriculado en el Colegio Único de Profesionales de HyS o en el Centro de Ingenieros, según corresponda, completar el formulario que les proporciona Policía Minera y presentar copia de DNI, título y matrícula habilitante. Cada empresa debe contar con un responsable del rubro, que será quien se inscriba. 

La Policía Minera tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento y aplicación de la legislación vigente, el transporte de minerales y el control en materia de higiene y seguridad en los proyectos mineros que operan en la Provincia.

Supervisa y fiscaliza las actividades mineras velando por la seguridad, la salud de los operarios y el cuidado del medio ambiente; investiga y sanciona infracciones cometidas por las empresas y pymes mineras; inspecciona y fiscaliza permanentemente el cumplimiento de los planes de seguridad, de manejo ambiental y la gestión de residuos mineros para prevenir accidentes y enfermedades ocasionadas en el trabajo. 

Y colaborar con la Secretaría de Desarrollo Minero, la Dirección Prov. de Promoción y Responsabilidad Social Minera y la Dirección Prov. de Gestión Ambiental Minera, para garantizar el desarrollo sostenible de la actividad, el aprovechamiento racional de los recursos minerales, el cuidado ambiental y el respeto de los derechos de las comunidades locales.