Avanza la regularización catastral en El Alto, La Paz, Andalgalá y Belén

La Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA), a través de la Dirección General de Catastro, en forma conjunta con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) finalizó la instalación de los Puntos de Apoyo Fotogramétricos (PAF) en El Alto, La Paz y Andalgalá. El mismo trabajo se realizará en el departamento Belén, siendo la superficie total a catastrar similar a la provincia de Tucumán.

Los PAF forman parte de los trabajos preliminares del vuelo previsto para catastrar estos departamentos que se beneficiarán al tener su registro cartográfico propio, permitiendo completar el catastro territorial de la Provincia en el marco del acuerdo vigente entre el Gobierno de Catamarca con ARCA y Catastro, los Ministerios de Defensa de la Nación y de Planificación y Modernización de la provincia y el Instituto Geográfico Militar.   

El titular de ARCA, Gonzalo Figueroa, consideró que “esto constituye un esfuerzo enorme del Gobierno de la Provincia”. Por su parte, el director de Catastro, Pedro Monferrán destacó al Gobernador Raúl Jalil “por tener esa visión de una provincia para todos y por todos”.

La comisión técnica está integrada por el director general de Catastro, Pedro Monferrán Marchetti; el jefe de Grupo de Reconocimiento Aéreo Espacial de la Fuerza Aérea, vicecomodoro, Jerónimo Cecchetto de la II Brigada FA; el director provincial de Cartografía, Andrés Ponce; el jefe de Departamento Técnico Catastral, Gustavo Castillo; el jefe de Delegación Andalgalá, Andrés Ludueño (Sector Oeste) y el Jefe Delegación Recreo, Rubén Barros (Sector Este). Por parte del IGN, lo hacen los directores de Oficinas Provinciales, Marcos Gargiulo; de Sensores Remotos, Sebastián Ludueña, y de Producción Cartográfica, Claudia Tamayo.

La regularización catastral es una deuda de más de 40 años con estos departamentos y dará mayor seguridad jurídica a los propietarios al evitar las ventas múltiples de un terreno y futuros juicios por doble boleto de compra venta. En tanto, al Estado le permitirá contar con información fidedigna respecto a cuáles son tierras privadas y cuáles no, para dar soluciones sociales de hábitat.