Ginocchio y Saadi reclaman a la Nación mayor presupuesto para la lucha contra los femicidios

Politica 29 de julio de 2019 Por
Los diputados Silvana Ginocchio y Gustavo Saadi (Bloque Elijo Catamarca) expresaron su preocupación por la insuficiencia de partidas presupuestarias para la protección integral de las mujeres, considerando el alto índice de femicidios en el país desde inicios del año 2019 a la fecha.

En un proyecto de declaración, recuerdan que no se hizo la reasignación de presupuesto, por parte de la Administración Nacional hacia el interior, para el cumplimiento de la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.

“Según información recabada -dice el proyecto-, no hubo reasignaciones presupuestarias para el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), organismo para la igualdad de género dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, encargado de elaborar políticas, programas e iniciativas destinadas a empoderar a las mujeres y promover la igualdad y erradicación de la violencia”.

“Frente a la pública y notoria inflación, los fondos asignados resultan insuficientes para atender al cumplimiento de sus fines a lo largo y lo ancho del país de manera inclusiva. La construcción de nuevos refugios para mujeres en situación de violencia en las provincias, la adquisición de equipamiento, las capacitaciones, el mantenimiento se pone en riesgo”.

Esta situación viene siendo puesta de manifiesto ante el Consejo Federal presidido por el INM por parte de las autoridades provinciales dedicadas a las políticas públicas de la mujer, cuando participan de las reuniones, como es el caso de la provincia de Catamarca, representada por la Dra. María Carrizo, sin que hayan recibido respuesta satisfactoria.

“Tampoco hay recursos para una mayor cantidad de cupos para el programa ‘Hacemos Futuro’ que beneficia a mujeres víctimas de violencia (ex Programa ‘Ellas hacen’), que son subsidios del Gobierno Nacional para mujeres en situación de vulnerabilidad”, expresaron Ginocchio y Saadi.

Los diputados afirman que “la violencia de género es un flagelo que afecta a muchísimas mujeres en todo el país, dicha problemática social impacta sobre el entorno social, laboral, cultural y económico que trasciende la vida familiar, la que termina en muchos casos en un femicidio, lo que constituye la mayor expresión de violencia contra la mujer”.

La Oficina de la Mujer que funciona en la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró en el año 2018 un Informe de Femicidios de la Justicia Argentina, del que surgen 278 muertes por violencia de género. La mayoría de dichos femicidios fueron cometidos por sus parejas o ex parejas y en sus propias casas, dejando sin madre a 250 niños.

“El Estado debe proporcionar adecuadamente recursos presupuestarios para diversas medidas institucionales. En la medida que no se cumple la violencia persiste afectando a la sociedad y se incumplen compromisos asumidos internacionalmente”, dice el proyecto.

“Más allá de las distintas iniciativas presentadas, que esperamos a través del año legislativo, sean tratadas y aprobadas, hacemos manifesta nuestra preocupación por la situación y cifras nacionales de hechos de violencia hacia la mujer. El Estado Nacional debe comprometerse en acciones para combatirla y prevenir. Es tiempo que se tome la decisión política de poner todos los esfuerzos y recursos necesarios para terminar con la violenta y el asesinato de mujeres a manos de un hombre por razón de su sexo, la mayor expresión de violencia contra la mujer, por cierto, absolutamente intolerable”.

 

La ley 26.485

La citada ley de Protección Integral a las Mujeres, 26.485 pone en cabeza del estado nacional los lineamientos básicos para las políticas a implementar. El art. 10 habla del fortalecimiento técnico a las jurisdicciones, promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen.

Por su parte el art. 11 refiere a específicas Políticas públicas expresando que el Estado nacional implementará el desarrollo acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia.

Esas medidas incluyen la formulación de políticas públicas concretas, la elaboración, aplicación de mecanismos de vigilancia, seguimiento y fundamentalmente los recursos: las asignaciones presupuestarias.

Valle Calchaquí D

Dirección y Redacción

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